Un reciente relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió las alarmas en la provincia: 16 municipios bonaerenses presentan niveles de arsénico en el agua por encima de los límites legales, lo que la vuelve potencialmente peligrosa para el consumo humano. Entre los distritos más comprometidos se encuentran Escobar, General Rodríguez y Guaminí.
El estudio, que forma parte de un monitoreo que el ITBA realiza desde hace más de una década, detectó concentraciones superiores a las 50 partes por billón (ppb) —el máximo permitido por la ley argentina— en doce municipios del interior y cuatro del conurbano bonaerense.
Zonas en “alerta roja”
El informe calificó como “alerta roja” a los distritos con los niveles más críticos. La situación más grave se registró en Guaminí, donde las muestras alcanzaron los 295 ppb, casi seis veces el valor permitido. Otros casos preocupantes son Nueve de Julio y Partido de la Costa, con niveles que triplican el máximo legal.
Los municipios que integran esta lista crítica son: Escobar, General Rodríguez, Guaminí, Nueve de Julio, Partido de la Costa, Chivilcoy, Mercedes, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul y Villarino. En el conurbano, se suman Almirante Brown, Vicente López, Ezeiza y San Vicente.
Normas locales más permisivas
El relevamiento también expone otra problemática: la brecha entre la normativa argentina y los estándares internacionales. Mientras la ley nacional fija un máximo de 50 ppb de arsénico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 10 ppb. Esto implica que incluso distritos que cumplen con las reglas locales podrían estar expuestos a un riesgo sanitario según las normas globales.
En la llamada “alerta amarilla” se encuentran alrededor de 20 partidos, entre ellos General Pueyrredón (Mar del Plata), Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro y La Plata. En estos casos, si bien las mediciones están dentro del marco legal nacional, superan ampliamente las recomendaciones internacionales.
Desde Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) aseguran que el agua distribuida en la provincia cumple con los parámetros vigentes, aunque los especialistas insisten en que la legislación argentina necesita una actualización urgente para proteger la salud pública.
Riesgos del arsénico
El arsénico es un elemento naturalmente presente en el suelo y en las napas subterráneas, pero en concentraciones elevadas se convierte en un potente agente tóxico y cancerígeno. Su consumo prolongado a través del agua puede causar lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, entre ellos el de piel, pulmón y vejiga.
La situación se agrava en zonas rurales donde gran parte de la población depende de pozos o perforaciones sin tratamiento, lo que aumenta la exposición al contaminante.
Avances científicos y soluciones posibles
En medio de la preocupación, investigadores del CONICET anunciaron un desarrollo que podría ofrecer una respuesta sustentable. Se trata de un sistema capaz de reducir más del 50% de la concentración de arsénico y nitratos en el agua, utilizando carbón vegetal tratado química y térmicamente.
La innovación se basa en un principio de economía circular: el carbón se produce a partir de residuos vegetales como ramas de poda, hojas o cáscaras de semillas de girasol. Este avance promete ser una alternativa de bajo costo y alto impacto para comunidades rurales que hoy no tienen acceso a tratamientos de potabilización sofisticados.
Una llamada de atención
El informe del ITBA no solo pone en evidencia una crisis ambiental y sanitaria, sino también una deuda estructural en la gestión del agua en la provincia. Mientras miles de bonaerenses consumen un recurso potencialmente peligroso, los estándares internacionales siguen siendo una meta lejana.
El desafío es doble: garantizar el acceso al agua segura y actualizar las normas para que protejan realmente la salud de la población. Porque el agua, más que un servicio, es un derecho básico. Y cuando ese derecho está contaminado, el riesgo deja de ser una estadística: se convierte en una amenaza cotidiana.
Fuente: La Política Online