Un enero atípico vivió el Concejo Deliberante en Laprida. Generalmente, por no decir siempre, se da un mes prácticamente sin actividad legislativa, ya que las sesiones ordinarias arrancan en marzo. Pero este 2026 comenzó de manera distinta.
A pocos días de iniciarse el año, una decisión del Ejecutivo a través de su Secretario de Economía y Finanzas, Sergio Ferraro, encendió la mecha. Una resolución por la cual se limita el acceso de los concejales al sistema RAFAM.
Un párrafo breve para explicar que es el RAFAM: se le llama así (Reforma Administrativa Financiera en el Ambito Municipal) al sistema que permite visibilizar los números de un municipio en cuánto a gastos, contrataciones, facturas, contratos. Todo debe quedar registrado en el RAFAM.
Hasta el 2021, los concejales sólo podían acceder al él en un determinado tiempo del año, semanas antes de la Rendición de Cuentas. Fuera de ese período, se debía pedir autorización al presidente del HCD y que este lo autorice a entrar al sistema para revisar algo en particular. Demasiado engorroso todo para algo tan simple como viral: ver de qué manera se administra el dinero público.
Pero todo cambió en 2021. Luego de varios años de reclamar la oposición más apertura al sistema, el oficialismo dio la señal más clara de transparencia que puede dar una gestión. Recogió el guante y acompañó el pedido de los otros bloques. Y así, el HCD de Laprida aprobó por unanimidad el libre acceso al sistema, en tiempo real y por parte de todos los ediles. Esto facilitaba la labor de control por parte de la oposición y al mismo tiempo le servía (y mucho) políticamente al oficialismo. "No hay nada que ocultar, pasen y vean".
Por eso no hubo grieta. Usuario y clave de acceso para todos. Y todos contentos. Hasta ahora, ya que con la resolución del Ejecutivo (argumentada en el "mal uso del sistema" por una parte del HCD) de poner nuevamente un cepo de tiempo sobre el acceso al RAFAM hizo que la oposición (en realidad parte de ella) ponga el grito en el cielo.
Esta mañana se sumó otro capítulo a esta historia que parece lejos llegar a un acuerdo: Sebastián Aristegui, concejal de LLA, presentó un pedido para impugnar la resolución del Ejecutivo, argumentando que existe una ordennza vigente, que no ha sido modificada, y qué, según reza en su presentación, una resolución del Ejecutivo no puede dejar sin efecto una ordenanza del Poder Legislativo. También dispara: habla de una intromisión de un poder del Estado sobre otro. Y en el escrito presentado reclama el cumplimiento de la norma vigente. "Quiero ver, quiero entrar".
Un dato no menor: el escrito además de ser presentado ante la Presidencia del HCD, fue entregado a cada uno de los bloques. Políticamente busca aliados, los necesita.
En cuánto al final de esta historia, hay que decir que para el oficialismo tampoco representará un escollo a nivel legislativo. Tiene la mayoría en el HCD para cambiar la ordenanza, o hacer una nueva, en algunas semanas, cuando comiencen las sesiones ordinarias. El cuestionamiento por (casi) toda la oposición es la forma y desde el lugar en que se toma la decisión, además de no conformarse con el motivo que argumenta el Ejecutivo para sostener dicha resolución.
Lo cierto es que el pedido de La Libertad Avanza no le mueve el amperímetro al oficialismo, pero sin dudas lo pone en un lugar incómodo. No se compró un problema, pero lo podría haber evitado.
Lo que parecía un inicio de año políticamente tranquilo para el intendente, con la oposición fraccionada como nunca antes en Laprida (entre 6 concejales se reparten 4 bloques) y con la mayoría asegurada en el Concejo, se convirtió en un enero distinto y que tal vez sea una muestra de lo que se viene en el tiempo inmediato con esta nueva conformación del HCD en Laprida.