La asesora letrada municipal Dra. Karina Pais fue la oradora en la Audiencia Pública convocada por el OCEBA
En el día de ayer representando a la oficina de OMIC local, la asesora letrada municipal Dra. Karina Pais estuvo participando como oradora en la ciudad de Olavarría de una Audiencia Pública convocada por el OCEBA con el objeto de informar el impacto que tendrán, en los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, las medidas que el Ministerio de Energía y Minería implementará como resultado de la Audiencia Pública convocada por la Resolución MINEM N° 403 de fecha 17 de noviembre de 2017, con relación a los precios del Mercado Eléctrico Mayorista y al retiro de subsidios del transporte de energía eléctrica.
Desde la OMIC se dejó planteada la impugnación de esta audiencia y de la celebrada en el mes de noviembre en CABA por no cumplir con los requisitos que prescriben tanto las reglamentaciones, Normas Constitucionales como el reciente fallo Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así en estas Audiencias Públicas no se propendió a la efectiva participación útil de los interesados, en el sentido que tengan la posibilidad de acceder los que tienen derecho o interés legítimo y también los titulares de derechos de incidencia colectiva.
No se puede permitir que el requisito de la audiencia pública se convierta en un mero rigorismo formal, pues mayormente debe contar con un gran contenido material en su esencia donde estriba su real importancia, y es en esa participación ciudadana útil donde está su razón de ser.
En esta audiencia pública no se otorgó la información previa necesaria. El expediente puesto a disposición de manera previa en nada cumplía con los requisitos de información previa y ni siquiera durante la propia audiencia pública se informó el real impacto que los aumentos ya autorizados provocará en los usuarios.
Asimismo se le solicitó al Organismo de Control que a la hora de establecer los cuadros tarifarios se tenga en consideración principios básicos de justicia, razonabilidad, igualdad, eficiencia, proporcionalidad, equilibrio, irretroactividad, juricidad y racionalidad; teniendo siempre presente que una tarifa justa es aquella que garantiza la accesibilidad de todos los usuarios, lo que surge del propio reglamento del servicio.
Se hizo hincapié en la falta de progresividad en los aumentos que se han ido autorizando, se llevo testimonios de comercios locales que dan cuenta del fuerte impacto en sus costos que representan estos continuos tarifazos dejando ver con esos ejemplos que resulta por tanto un ultrajante agravio a todos los usuario, y una peligrosa ayuda al deterioro de la economía de las pequeñas empresas que en una pequeña localidad son fuente de trabajo de muchos ciudadanos que dependen de la subsistencia de esos comercios para permanecer dentro del mercado laboral.
